Los colegios y establecimientos educacionales manejan uno de los volúmenes de datos personales más sensibles de cualquier organización: información académica, de salud, conductual, familiar y, en muchos casos, datos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Con la entrada en vigencia de la Ley 21.719 el 1 de diciembre de 2026, esta responsabilidad pasa de ser una buena práctica administrativa a una obligación legal exigible, con un régimen de protección reforzada específicamente para menores de edad.
La ley chilena establece que, cuando se tratan datos de NNA, aplica el principio del "interés superior del niño" — esto eleva las exigencias de tu colegio por sobre el estándar general que aplica a una empresa cualquiera. En la práctica, esto significa mayor cuidado en el consentimiento (muchas veces debe venir de los padres o apoderados, no del propio menor), mayor exigencia en las medidas de seguridad, y mayor responsabilidad si algo sale mal.
¿Qué datos maneja un colegio que quedan bajo esta ley? Prácticamente todo el ciclo de vida del estudiante: procesos de postulación y matrícula, calificaciones y antecedentes académicos, registros de conducta, información de salud (certificados médicos, necesidades educativas especiales), situación familiar, fotografías y videos institucionales, y datos de apoderados y personal docente.
Los pasos concretos que debe dar tu colegio:
Primero, construir un inventario real de qué datos se recolectan, dónde se almacenan y quién tiene acceso — esto es lo que la ley llama Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), y es lo primero que un fiscalizador va a pedir.
Segundo, revisar y actualizar los formularios de matrícula y postulación, asegurando que informen con claridad para qué se usarán los datos — "para fines administrativos" ya no es una explicación suficiente.
Tercero, obtener y documentar correctamente el consentimiento informado de padres, madres o apoderados, especialmente cuando se trata de datos sensibles (salud, religión, situación familiar).
Cuarto, designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) — interno o externo — que coordine el cumplimiento, gestione los riesgos y sea el punto de contacto con la Agencia de Protección de Datos Personales.
Quinto, establecer un procedimiento claro para que padres, apoderados y colaboradores puedan ejercer sus derechos ARCO+ (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad) sobre los datos que el colegio conserva.
En C360 ayudamos a establecimientos educacionales a construir este camino de cumplimiento de forma ordenada y realista, sin necesidad de un equipo legal interno. Con DataLock, nuestra plataforma propia, tu colegio puede centralizar el RAT, automatizar el seguimiento de solicitudes de derechos, y mantener evidencia ordenada para cuando llegue una fiscalización — algo que en este sector, donde se manejan datos de menores, tiene un peso especialmente alto.
Si tu colegio, universidad o instituto todavía no sabe por dónde empezar con la Ley 21.719, conversemos. Te ayudamos a construir un plan de cumplimiento adaptado a la realidad de una institución educacional, no una plantilla genérica de empresa.